De lo que fue el “Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades para la Implementación del Sistema Nacional de Areas Protegidas” (pavada de nombre) recibí, a mediados de 2005, una invitación que a su vez contenía una extensa solicitud de presupuestos. Básicamente lo que se buscaba era dotar al Proyecto en cuestión de una imagen institucional que contribuyera a delinear la identidad de un organismo que estaba en formación.

El Proyecto involucraba al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), a la Embajada de Francia en Uruguay y a nuestros Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

Entre las muchas consideraciones que se adjuntaron, se decía que: “Este proyecto, en etapa de formulación, se propone contribuir a la protección del patrimonio natural del Uruguay, en el marco de un enfoque integrado que permita vincular la conservación de la biodiversidad con otras actividades humanas (producción agropecuaria, turismo, pesca, etc.).

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